La organización emitió un comunicado enfatizando que no basta con que haya funcionarios que digan que no van a aumentar, su eliminación requiere una discusión detallada.
La Asociación Rural Argentina (SRA) pidió este lunes la solicitud de levantamiento definitivo de la deducción, reiterando su argumento de que “no tiene base legal”.
Según la SRA, debido a que no se aprobó la Ley de Presupuesto de 2022, que amplió los poderes conferidos en la Ley de Emergencia para permitir que el Poder Ejecutivo imponga impuestos a la exportación por decreto, ya no se aplican las deducciones automáticas.
Por ello, la organización llevó a los tribunales la demanda, solicitando a la AFIP que dejara de recaudar este impuesto.
“¿A QUE JUEGAN?”
En este escenario, la SRA reiteró en un comunicado que en las últimas semanas varios asesores del Gobierno Nacional han ofrecido la explicación de que no se incrementarán las deducciones, pese a la posibilidad presentada por el presidente Alberto Fernández. “Altos funcionarios como Martín Guzmán, Gabriela Cerruti y Julián Domínguez, entre otros, quisieron tranquilizarnos diciendo que no tomarían más de lo que están pagando hoy. ¿A qué juegan? preguntó la Sociedad Rural. En ese sentido, reiteró que se trata de “un impuesto engañoso que perjudica directamente a los productores agropecuarios al aportar unos 10.000 millones de dólares anuales a las arcas del Estado”.
“Este impuesto no tiene base legal y menos se puede cambiar la tasa del impuesto. Esto define el carácter no autorizado de la Ley de Presupuesto 2022, que prevé la ampliación de los poderes encomendados. Por eso, en febrero pasado, desde la Asociación Rural Argentina presentamos un recurso de amparo ante la justicia federal”, explica el organismo que preside Nicolás Pino.
Y continuó: “El propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha dicho que este es un tema que debe discutir el Congreso, reconociendo que no es posible hacerlo por decreto. Este fin de semana, Sergio Massa se sumó a la ola de apaciguamiento, aunque hubiera sido mejor que él hubiera iniciado el debate en la legislatura.
Al respecto, la SRA concluyó: “Si bien constatamos que el tema ha sido colocado en la agenda pública, reconocemos que las acciones que se tomen siempre deben ir encaminadas no solo a reducir los índices de las normas sino también a eliminarlas”.
